El Tribunal Constitucional ha publicado una nota informativa en la que anuncia su sentencia por la que se declara la inconstitucionalidad de los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales por los que se regula la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4-, porque establecen un método objetivo de cuantificación cuyo resultado es que siempre existe aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de imposición, con independencia de que haya existido dicho incremento y de la cuantía real del mismo.
Anteriormente el mismo Tribunal, en sentencias de 11 de mayo de 2017 y en de 31 de octubre de 2019 declaró inconstitucional la forma en la que la norma determina el cálculo de la base imponible, pero solo en aquellos supuestos en los que no había una plusvalía real o que el importe a pagar la superaba, respectivamente. Para más información sobre estos antecedentes, ver Notas de Aviso del Consejo General de Economistas REAF nº 25-17 y 20-18.
Aunque aún no tenemos el texto íntegro de la sentencia podemos señalar que, mientras el legislador no modifique el articulado de la norma, los Ayuntamientos que exigen este tributo no van a poder liquidarlo por las transmisiones de inmuebles realizadas a partir de la publicación de la sentencia.
En cuanto a transmisiones anteriores a la sentencia se pueden dar varios escenarios: por un lado, los contribuyentes que hubieran autoliquidado el Impuesto y aún no esté prescrito -cuatro años desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación y pago voluntario- podrán solicitar en ese plazo la rectificación de la autoliquidación presentada y la devolución de ingresos indebidos; por otro, los contribuyentes que han declarado el Impuesto y el Ayuntamiento les ha notificado la liquidación, sólo podrán recurrirla si no ha transcurrido un mes desde la fecha de notificación porque, en caso contrario habrá devenido firme -si nos les hubiera girado la liquidación aún, ya no podrá hacerlo-; y, por último, todos los que tengan un procedimiento abierto porque el Ayuntamiento haya propuesto nueva liquidación después de comprobar la autoliquidación o porque recurrieron la liquidación, podrán recuperar lo pagado.
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Fuente: REAF