A partir del 13 de marzo, las empresas de 50 empleados tendrán que establecer un protocolo de denuncia de infracciones penales, laborales o administrativas graves o muy graves. Esta nueva normativa se aplicará tanto a personas físicas como jurídicas del sector privado que tendrán contratados 50 trabajadores o más. También afectará a las organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos y fundaciones que reciben o gestionan fondos públicos.

El objetivo de este protocolo es permitir que los empleados de la empresa informen de irregularidades de manera confidencial y sin miedo a ser sancionados. El protocolo debe establecer cómo realizar la denuncia, garantizar la confidencialidad del denunciante y designar una persona competente para tramitar las denuncias en un plazo máximo de tres meses. Además, la normativa anima a las empresas a comunicar internamente la irregularidad y, al mismo tiempo, les obliga a informar sobre los canales externos de información que están disponibles ante las autoridades competentes o los organismos que proceden.

Es importante destacar que si una empresa tiene 250 o más trabajadores, deberá implementar el sistema de denuncia antes del 13 de junio de 2023. Si, por el contrario, tiene menos de 250 empleados, deberá hacerlo antes del 2 de diciembre de 2023. En cualquier caso, el objetivo es que las empresas establezcan un canal de denuncias eficiente y efectivo para evitar actividades ilegales y fomentar un entorno laboral seguro y justo.

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